Disección del frente interno (Parte 1)
Fouad Borni
7/20/20268 min leer
La pugna por la representatividad en la Comisión: De la ingeniería del "órgano bicéfalo" al laberinto de unos estatutos ajenos a las competencias técnicas
Cuando analizamos la parálisis en la implementación del Acuerdo de 1992 y los laberintos administrativos abordados la semana pasada, emerge la interrogante más crucial, urgente e incómoda: ¿Realmente representan estas instituciones vigentes a los musulmanes en España?
Para responder a esta cuestión con rigor histórico y honestidad de campo, resulta imperativo abrir la caja negra de las altas estructuras y, específicamente, de la Comisión Islámica de España (CIE). Desde mi experiencia directa y la vivencia de los entresijos de este organismo durante años, desde el interior de sus pasillos y en los niveles más altos de toma de decisiones, puedo afirmar con plena responsabilidad que el examen de este organismo reveals una profunda disfunción conceptual y de representatividad: la Comisión, en su esencia, no es más que un conglomerado de federaciones, las cuales a su vez constituyen redes de entidades religiosas locales. Por consiguiente, no representan a la totalidad de los musulmanes en España, sino únicamente a los afiliados a dichos marcos asociativos restrictivos. Asimismo, el análisis de su trayectoria sugiere una voluntad soterrada por parte de ciertos sectores de impedir la consolidación de una interlocución sólida desde su génesis. La CIE constituyó la única entidad religiosa en España nacida con una deformación estructural "bicéfala" (co-presidencia/doble liderazgo), una fórmula explitamente diseñada para perpetuar la polarización y neutralizar su operatividad.
El parto por cesárea de 1992: Contexto fundacional y diseño del bloqueo
Para comprender esta problemática, es preciso remontarse al contexto de su fundación. La Comisión Islámica no emanó de una dinámica democrática y orgánica de las bases, sino que fue el resultado de una "ingeniería administrativa cupular" impuesta por el Estado español en las vísperas de la firma del histórico Acuerdo de Cooperación de 1992. La Administración de la época buscaba un "interlocutor único" que aglutinara el incipiente y fragmentado tejido asociativo islámico. Bajo esta premisa, se forzó la fusión de dos bloques con trayectorias y visiones divergentes en una estructura híbrida: por un lado, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), fundada en 1989 y que articulaba históricamente a una proporción de musulmanes españoles autóctonos o descendientes; y por otro lado, la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), constituida formalmente en 1992 con el propósito de agrupar a las comunidades con trasfondo inmigrante.
Esta convergencia forzada entre dos sensibilidades y procedencias dio lugar a la fórmula de las "dos cabezas" con competencias idénticas (Secretarios Generales Conjuntos). Dicho diseño no aspiraba a vertebrar la unidad, sino que operó como un dispositivo inteligente implantado para garantizar que la entidad permaneciera en un estado de "veto mutuo" y parálisis crónica, facilitando su control externo y privando a la comunidad de una capacidad de iniciativa autónoma y cohesionada.
Este colapso interno forzó en 2011 una intervención unilateral del Estado, modificando el artículo primero del Real Decreto regulador para habilitar legalmente la incorporación de federaciones autonómicas y nacionales a la CIE sin requerir la aprobación unánime previa del órgano central. Dicho trámite había resultado inviable durante años, dado que la admisión exigía la rúbrica conjunta de ambos bloques de la Comisión, un consenso bloqueado por la confrontación. Ese mismo año (2011), y tras maratónicas sesiones negociadoras que involucraron a todos los agentes, se constituyó el "Consejo Islámico Español" con el fin de instituir un nuevo órgano representativo que sustituyera a la CIE y rompiera el statu quo, si bien dicha tentativa no superó una fase embrionaria.
El punto de inflexión de 2012: Un atisbo de esperanza y la idea de las comisiones técnicas transversales
Ante este escenario de estancamiento, el año 2012 albergó una movilización interna sin precedentes. La totalidad de las federaciones se congregaron en Madrid, consensuando la superación de la bicefalia y la unificación de la dirección. Se eligió una junta directiva renovadora liderada por la presidencia de la FEERI. Se inauguró así un periodo caracterizado por la plena consciencia de la carencia de representatividad real del modelo clásico; por ello, se abrieron las puertas para incorporar activamente el talento y los perfiles técnicos musulmanes residentes en España, sin la condición indispensable de estar vinculados formalmente a ninguna entidad religiosa.
A tal efecto, se instituyeron comisiones técnicas especializadas e independientes orientadas a operativizar cada rúbrica del Acuerdo (educación, patrimonio, cementerios, asistencia religiosa, entre otros). La idea matriz consistió en romper el monopolio de las estructuras asociativas y capitalizar las capacidades de los profesionales independientes de diversas culturas y procedencias, unidos por la firme voluntad de servir al bien común de los musulmanes de este país. Este despliegue generó la percepción real de que la gestión del hecho religioso transitaba, finalmente, hacia un modelo institucional moderno, técnico y profesionalizado, superando la lógica de las cuotas.
El viraje de 2015: Bambalinas del recelo administrativo y presiones transnacionales
No obstante, las expectativas se disiparon con celeridad. En 2015 sobrevino un giro drástico mediante la mediación directa de la Administración española, que asumió el rol de "árbitro" para reconfigurar los equilibrios de poder. Quizás este viraje fuera el resultado directo de cierta incomodidad y sorpresa por parte de las autoridades del Estado ante la inusitada y potente dinámica con la que se desbloquearon y movilizaron todos los expedientes pendientes del Acuerdo en un lapso de tiempo sumamente breve y con rigor técnico.
Paralelamente, es probable que la Administración española se hallara bajo una posición de asimetría y fuerte presión ante potencias extranjeras (países de origen), las cuales podrían haber percibido con honda preocupación que los hilos de control, tutela y fiscalización que acostumbraban ejercer sobre sus diásporas en España comenzaban a desvanecerse en favor de un liderazgo ciudadano soberano e independiente, sustentado en comisiones técnicas integradas por profesionales libres. La convergencia de estos intereses reguladores sintonizó también con el descontento de la cúpula de UCIDE ante las conclusiones del congreso de Madrid de 2012, la autonomía de las comisiones técnicas y la activa participación de los perfiles profesionales e independientes más jóvenes, a pesar de la concurrencia inicial de sus propios delegados en dicho foro.
Como consecuencia de esta mediación gubernamental transida de cálculos geopolíticos, y como testigo directo de unas negociaciones de 2015 cuyas dinámicas viví de cerca, la presidencia de la FEERI efectuó una renuncia explícita e histórica a su liderazgo en aras del interés general de la comunidad, condicionada al pacto de unos nuevos estatutos que garantizaran una dirección unificada y un acceso equitativo para los profesionales técnicos. Sin embargo, la alteración de fondo se materializó en las fases previas al registro legal de los estatutos ante el Ministerio de Justicia. Se modificaron cláusulas esenciales consensuadas, resultando en un marco estatutario que vació de contenido la labor institucional y técnica, confiriendo a la presidencia de la CIE prerrogativas de carácter absoluto. De este modo, la figura presidencial se instituyó como único órgano decisorio sin obligación de consulta, con potestad exclusiva para designar, convocar o disolver la junta directiva, así como para nombrar unilateralmente a los delegados territoriales, blindando el poder en un núcleo cerrado.
Cabe subrayar que la CIE permanece sumida en este estancamiento y disfunción estructural hasta la actualidad. El posterior retorno de los sectores de la FEERI que se habían desmarcado inicialmente no ha alterado la dinámica vigente, lo que confirma, desde nuestra propia experiencia sobre el terreno, que el colapso radica en la arquitectura legislativa y organizativa del modelo y no únicamente en las individualidades.
La marginación de los musulmanes españoles "autóctonos" y el complejo de extranjería
Esta crisis se ve agudizada por la ausencia de pluralidad cultural y de arraigo ciudadano en los órganos de la Comisión. Es imperativo señalar con objetividad, a partir de lo observado y vivido personalmente en la cocina de las decisiones, que la exclusión de los musulmanes españoles autóctonos se manifiesta como una dinámica que aparenta ser deliberada y sistemática. El propósito subyacente apunta a consolidar la narrativa reduccionista de que el Islam es un "elemento exógeno" a la sociedad española, una variable vinculada exclusivamente a los flujos migratorios contemporáneos.
Mi lectura del escenario desde el interior sugiere que esta exclusión corre el riesgo de alimentar indirectamente una visión paternalista y ciertas prácticas unilaterales por parte de determinados sectores de la Administración. Asimismo, es factible que de este modo se perpetúe en la cúspide institucional una suerte de "complejo de subordinación", donde se percibe que la dirigencia actúa a veces desde la óptica del foráneo que busca validación, en lugar de articularse desde los parámetros de una ciudadanía plena, soberana y consciente de sus derechos constitucionales. A esta dinámica cultural podría añadirse una ausencia, que nos resulta llamativa y cuestionable, de la juventud de hijos de musulmanes; perfiles con alta cualificación académica y un conocimiento profundo de la realidad social española, pero que tal vez hayan sido desplazados u omitidos por inercia o voluntad para mantener el circuito restringido a las mismas élites tradicionales, postergando el relevo de las capacidades técnicas e independientes.
La consecuencia de este modelo directivo, tal como lo hemos constatado a lo largo de los años, radica en una desnaturalización de la propia función de la Comisión Islámica. Se observa que la actual dirigencia tiende a mitigar la función de tutela y negociación firme de los derechos del Acuerdo de 1992, asumiendo en su lugar el rol de un "mediador político-administrativo" entre la comunidad y el Estado. Esta transición de la defensa activa a la mediación de contención explica la inacción o neutralidad pasiva de la CIE ante las coyunturas y problemáticas severas que impactan a los musulmanes en el país, donde hemos constatado en diversas ocasiones cómo se ha priorizado un papel de amortiguador institucional para complacer a la Administración en detrimento de los derechos de sus bases.
Las federaciones: De la función de soporte a la "fiebre de adscripción" y el monopolio informativo
Esta disfunción doctrinal en la cúspide determina la desviación estructural que hemos acompañado en la estructura de las federaciones (locales y nacionales) en la base. La federación, en su acepción orgánica, constituye un instrumento de soporte técnico y capacitación para los gestores de las entidades religiosas locales. Sin embargo, la realidad constata su inmersión en una carrera competitiva regida por la "fiebre de la adscripción masiva". El objetivo prioritario de las estructuras federativas se ha reducido a indexar el mayor número posible de entidades en sus registros, con el fin de esgrimir una "superioridad numérica" que garantice cuotas de poder y vocalías en la CIE.
En el marco de esta disputa por escaños y sufragios internos, la dirigencia ha desatendido con frecuencia las problemáticas cotidianas de las comunidades. Se observa una carencia en la formación administrativa de los gestores, en la asesoría jurídica y en el acompañamiento técnico ante las corporaciones locales en los contenciosos relativos a licencias, cementerios, educación o certificación. Más crítico aún resulta el recurso de determinados sectores al "monopolio informativo" y la retención de las actualizaciones normativas, utilizándolos como mecanismos para perpetuar la dependencia técnica y el desconocimiento legal de las comunidades, garantizando así la cautividad del voto en los periodos electorales.
Esta disección constata que la crisis del hecho religioso no obedece exclusivamente a factores externos, sino que es el resultado de un modelo de gobernanza deficitario y de unas estructuras configuradas a la medida de liderazgos particulares que han excluido las competencias técnicas, postergado a la juventud y desarticulado a las entidades religiosas locales. Esta es la realidad de las bases silenciosas que comenzaremos a desgranar el próximo sábado, Dios mediante.